México tiene 32 regulaciones sobre plásticos de un solo uso, pero sólo 7 permiten verificar su cumplimiento
Por: Julio César
México tiene regulaciones sobre plásticos de un solo uso en sus 32 entidades, pero sólo 7 cuentan con mecanismos claros para comprobar su cumplimiento.
México enfrenta una brecha entre las restricciones a los plásticos de un solo uso y la capacidad para demostrar que las alternativas cumplen con los requisitos establecidos. Las 32 entidades del país cuentan con disposiciones que restringen o prohíben estos materiales, pero sólo siete, equivalentes a 21%, establecen mecanismos claros para acreditar su conformidad mediante respaldo técnico y normas de ensayo.
El dato fue expuesto por Ignacio Parada, Fundador y CEO de Bioelements, durante su participación como ponente en Mexico Circular Hub. A su juicio, el desafío dejó de ser únicamente legislativo. El siguiente paso consiste en lograr que las reglas puedan aplicarse, verificarse y traducirse en resultados ambientales medibles.
“La regulación no se puede analizar sólo desde su intención. También hay que analizar cómo va a funcionar en la realidad”, dijo durante la presentación.
Un mapa regulatorio fragmentado
El marco mexicano está dividido entre distintos criterios estatales. Hay entidades con prohibiciones, otras contemplan excepciones para materiales biodegradables o con contenido reciclado y cada territorio puede establecer condiciones diferentes para determinar qué soluciones son aceptables.
El resultado es un país con 32 realidades regulatorias y capacidades distintas para vigilar el cumplimiento.
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Las diferencias entre las regulaciones se vuelven más complejas cuando existen excepciones. Si se permite el uso de materiales alternativos, es necesario contar con criterios y pruebas que permitan comprobar que cumplen con los requisitos establecidos.
Ahí aparece uno de los principales retos identificados durante la presentación: pasar de la declaración al respaldo técnico.
“No basta con declarar que una solución cumple. Hay que demostrarlo”, afirmó Ignacio Parada.
La evidencia como parte de la regulación
Desde esta perspectiva, una disposición ambiental necesita herramientas que permitan llevar sus requisitos a una situación comprobable. En palabras de Ignacio Parada, existen cuatro elementos fundamentales en ese proceso: un ensayo, un laboratorio acreditado, un plazo definido y una autorización verificable.
El ensayo sirve para evaluar el comportamiento del material bajo condiciones específicas. El laboratorio aporta el respaldo técnico de la prueba, mientras que disponer un plazo fija el momento en que debe acreditarse el desempeño. La autorización, finalmente, aporta un elemento formal para verificar el resultado.
Estos componentes cobran especial importancia cuando las propias regulaciones contemplan excepciones. En esos casos, la diferencia entre una afirmación y una solución respaldada depende de la existencia de procedimientos técnicos capaces de acreditar las características requeridas.
El reto, entonces, no termina cuando una autoridad publica una prohibición. La aplicación efectiva exige herramientas para observar qué productos cumplen, bajo qué condiciones y con qué evidencia.
México cuenta con referencias técnicas
El país ya dispone de referencias que pueden servir como base para evaluar ciertas características de los materiales.
La norma mexicana NMX-E-273 se encuentra alineada con estándares internacionales como ISO 17088 y ASTM D6400. En la Ciudad de México existe, además, un criterio técnico de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) vinculado con este marco.
La existencia de estas referencias técnicas forma parte de los elementos disponibles para respaldar las evaluaciones. El reto está en la manera en que dichos criterios se incorporan a los diferentes marcos estatales y en las capacidades existentes para llevar a cabo las verificaciones.
Por esa razón, las diferencias entre entidades no se limitan al contenido de sus prohibiciones. El nivel de desarrollo de los procedimientos, los criterios técnicos y la capacidad de fiscalización puede variar de un territorio a otro.
Cuando una regulación cambia de contexto
Durante la presentación surgió otro punto relacionado con la aplicación de las políticas ambientales: una regulación diseñada para una realidad no necesariamente funciona de la misma manera cuando se traslada a otro contexto.
Infraestructura, hábitos de consumo y capacidad de fiscalización intervienen en el resultado de una medida. Una prohibición puede estar claramente establecida en la legislación, pero su efecto dependerá de las condiciones que existan para hacerla cumplir y de las alternativas disponibles.
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Esto se vuelve crucial en México debido a la diversidad de disposiciones estatales. Un material puede enfrentar requisitos distintos dependiendo de la entidad en la que se comercialice o utilice, mientras que las empresas deben identificar qué condiciones aplican en cada territorio.
La existencia de diferentes criterios puede complicar la evaluación de las alternativas cuando no hay procedimientos técnicos suficientemente claros para verificar si cumplen con las exigencias correspondientes.
El reto de construir circularidad
La transición hacia una economía circular involucra a distintos actores. Durante su participación, Ignacio Parada mencionó la necesidad de una coordinación entre autoridades, empresas y consumidores.
Las autoridades tienen la responsabilidad de establecer criterios que puedan aplicarse y verificarse. Las compañías deben desarrollar soluciones técnica y económicamente viables. Del lado de los consumidores, sus hábitos y decisiones forman parte del funcionamiento del modelo.
La regulación es, así, una pieza dentro de un sistema más amplio. Cambiar las reglas puede modificar los materiales que llegan al mercado, pero los resultados ambientales dependen de lo que ocurre durante su uso, recuperación y gestión posterior.
El panorama expuesto en Mexico Circular Hub deja una cifra como punto de referencia: las 32 entidades del país cuentan con disposiciones relacionadas con los plásticos de un solo uso, mientras que sólo siete tienen mecanismos claros para demostrar su cumplimiento.
La diferencia revela un desafío que va más allá de establecer prohibiciones. El siguiente paso consiste en contar con criterios técnicos, procedimientos de evaluación y mecanismos de vigilancia capaces de precisar si las alternativas realmente responden a lo que exige la legislación.
“Una prohibición por sí sola no construye circularidad. Un sistema basado en evidencia sí”, concluyó Ignacio Parada.
Editor-in-Chief: Julio César. Periodista con más de 15 años de experiencia en la investigación y desarrollo de contenidos especializados para medios impresos y digitales en México y Latinoamérica.
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